Instrumento de política por el cual se impone el pago del servicio de eliminación o control de las consecuencias de sus actividades, a quien utilice directa o indirectamente la atmósfera, los rios, arroyos, lagos, aguas subterráneas, tierras y suelo para introducir o arrojar residuos sólidos, emisiones o vertimientos y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas.